• Abril 28, 2023

América Latina aún soporta jornadas de trabajo demasiado largas

Este artículo forma parte de la cobertura de IPS sobre el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de Mayo.

Trabajadores de la construcción de Chile, entre los beneficiados con la progresiva reducción de la jornada laboral, de las actuales 45 horas hasta 40, dentro de cinco años. La norma ya existía en países como Ecuador y Venezuela, pero en la mayoría de la región aún se contemplan tiempos de labor más extensos. Foto: Camila Lasalle / Sintec

CARACAS – La reducción de la jornada laboral semanal aprobada por el legislativo Congreso Nacional de Chile se inscribió en la tendencia de trabajar menos horas y días, que avanza en las economías modernas, y en paralelo mostró el rezago en ese campo que persiste en otros países de América Latina.

América Latina “tiene una legislación rezagada en cuanto a jornada de trabajo y es imperativo que se haga una revisión”, observó el director de la  Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur americano, Fabio Bertranou, una vez aprobada la nueva norma chilena.

La jornada semanal en Chile era de 45 horas, y de manera paulatina ese límite se reducirá en una hora anual durante cinco años hasta quedar en 40 horas, según la norma que el presidente Gabriel Boric, jubiloso, promulgó el 14 de abril.

“Tras muchos años sumando apoyo y dialogando, hoy por fin podemos celebrar la aprobación de este proyecto que reduce la jornada laboral, un proyecto profamilia, que apunta al buen vivir de todas y todos”, dijo Boric.

La ley prevé la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres, de hacer un máximo de cinco horas extras por semana, y accede a excepciones en sectores como minería y transporte, donde pueden laborarse hasta 52 horas semanales, a condición de compensar con menos horas en otra semana de labor.

“La organización de la labor con el trabajo no humano, el de la inteligencia artificial, puede reducir masivamente el empleo y hacer que 40 horas semanales ya sea una cantidad inmensa de trabajo”: Francisco Iturraspe.

Chile se alinea así con sus socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en algunos de los cuales, como Australia, Dinamarca  y Francia, se trabaja menos de 40 horas, mientras que en otros, como Alemania, Colombia, México o el Reino Unido, se trabaja más.

La reforma chilena fue el acontecimiento destacado en el mundo del trabajo latinoamericano al acercarse una nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el lunes 1 de mayo.

El presidente Gabriel Boric celebra la modificación de la ley laboral que hizo el Congreso chileno para reducir la jornada laboral como un logro que «apunta al buen vivir de todos y todas», en el entendido de que los trabajadores dispondrán de más tiempo para el descanso y la vida familiar. Foto: Presidencia de Chile

Variedad latinoamericana

De acuerdo con datos de la OIT, hasta la década pasada dos países de la región, Ecuador y Venezuela, sostenían legalmente la jornada laboral límite de 40 horas, mientras que, como Chile hasta ahora, Brasil, El Salvador, Guatemala y República Dominicana estaban en el rango entre 42 y 45 horas.

En el tope de las 48 horas se ubicaban Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Según las normas nacionales, el máximo de horas semanales que se permite trabajar  es de 48 en Brasil y Venezuela; y en Argentina, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay está entre 49 y 59 horas.

En Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras el tope es de 60 o más horas, y en El Salvador y Perú simplemente no hay límite.

Se trata aquí de las semanas, distintas a las ordinarias, en las que por razones específicas se autoriza un tiempo extraordinario de labor.

Sin embargo, en la práctica se trabaja menos, pues el promedio regional está en 39,9 horas, más que en Europa occidental, América del Norte y África (entre 37,2 y 38,8 horas), pero menos que en los Estados árabes y del Pacífico y Asia, donde se labora con promedios entre 44 y 49 horas semanales.

Los datos de la OIT mostraron que en el año 2016 en América Latina los trabajadores hombres laboraron 44,9 horas semanales en promedio y las mujeres 36,3, una reducción de 1,7 horas respecto a cifras de 2005 en el caso de los hombres y de media hora en el caso de las mujeres.

Entre los trabajadores domésticos, la merma fue de 3,3 horas entre los hombres y de más de cinco horas entre las mujeres (de 38,1 a 32,9 horas), lo que se atribuye en parte a que después de 2005 avanzó la legislación para equiparar en tiempo de labor de las trabajadoras domésticas con el resto de trabajadores.

Una maestra se conecta desde su casa con sus estudiantes en un ejercicio de teletrabajo. Esa tendencia avanzó en diferentes sectores en América Latina durante la pandemia de covid-19 y permite a los trabajadores una organización más libre del tiempo de labor, aunque en ocasiones implica trabajar tiempo extra. Foto: Marcel Crozet / OIT

Salud y teletrabajo

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OIT atribuye a las largas jornadas de labor -especialmente las que rebasan las 55 horas semanales- la muerte de unos 750 000 trabajadores cada año.

La investigación de esas agencias indicó que en el mundo en 2016 murieron 398 000 trabajadores por accidente cerebrovascular y 347 000 por cardiopatía isquémica, males que se disparan por el estrés prolongado asociado a largas jornadas, o por respuestas riesgosas como consumo de tabaco, alcohol y dietas no saludables.

María Neira, directora de Ambiente, Cambio Climático y Salud en la OMS, dijo al respecto que “trabajar 55 horas o más por semana es un grave peligro para la salud. Es hora de que todos, gobiernos, empleadores y empleados, nos demos cuenta de que las largas jornadas laborales pueden provocar una muerte prematura”.

Por otra parte, la tendencia del teletrabajo registró un auge en todo el mundo durante la pandemia covid-19 y alcanzó a 23 millones de trabajadores en América Latina y el Caribe, principalmente asalariados formales con alto nivel educativo, empleos estables y en ocupaciones profesionales y administrativas.

El acceso al teletrabajo ha sido mucho menor para los trabajadores informales, por cuenta propia, jóvenes, los de menores calificaciones y de bajos ingresos laborales, y para las mujeres sobre las que recaen más responsabilidades familiares.

Un análisis del especialista latinoamericano de la OIT Andrés Marinakis reconoció que “en general, los teletrabajadores tienen cierta autonomía para determinar la organización de su jornada y se evalúa su desempeño principalmente a través de los resultados de su trabajo más que por las horas que tomó para hacerlo”.

Pero “diversos estudios han encontrado que en muchos casos quienes teletrabajan realizan jornadas laborales un poco superiores a la habitual, los límites entre las horas habituales y las extraordinarias son menos nítidos”, y esa situación se refuerza con los dispositivos electrónicos disponibles, expuso Marinakis, con su sede en Santiago de Chile.

De ese modo “es posible el contacto con colegas y supervisores en cualquier momento y lugar, extendiendo la jornada más allá de lo habitual”, lo que plantea “la necesidad de establecer con claridad un período de desconexión que permita un descanso efectivo del trabajador”, agregó el analista.

La inteligencia artificial, por ejemplo con los robots que trabajan con gran precisión y rapidez, favorece el desarrollo tecnológico de los países y aumenta la productividad al reducir costos en la producción de bienes o servicios, pero puede conducir a importantes reducciones del empleo. Foto: BID

La otra cara

Por otra parte, en el horizonte aparece que “la organización de la labor con el trabajo no humano, el de la inteligencia artificial, puede reducir masivamente el empleo y hacer que 40 horas semanales ya sea una cantidad inmensa de trabajo”, observó a IPS, en conversación telefónica, el laboralista argentino Francisco Iturraspe.

Docente en la Universidad Nacional de Rosario e investigador del estatal Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de su país, Iturraspe recuerda que el 1 de mayo, Día del Trabajador, conmemora precisamente la lucha librada en 1886 en Chicago, Estados Unidos, para reducir la jornada laboral.

La reducción de la jornada “responde a criterios propios del siglo XIX, mientras en el XXI existe el desafío de atender la necesidad de desarrollo tecnológico y su impacto en nuestros países”, opinó el experto desde la ciudad de Rosario, en el sudeste argentino.

Sostuvo que “en la medida en que se disponga de mano de obra abundante y barata, y la gente deba trabajar más horas, los empresarios necesitarán menos inversión en tecnología y así el desarrollo se detiene”.

Pero, por otra parte, Iturraspe destaca que la inversión en tecnologías como la inteligencia artificial reduce el costo de producción de bienes y servicios, evocando la tesis del costo marginal cero expuesta en sus obras por el economista estadounidense Jeremy Rifkin, autor, entre otros libros, de “El fin del trabajo”.

Eso se traduce en reducción de la mano de obra necesaria para producir y distribuir bienes y servicios, “quizá hasta de la mitad según algunos economistas, giro copernicano que nos llevaría a una situación de desempleo masivo”.

Por el filo de esa navaja camina la búsqueda de reducir la jornada de trabajo, “con la esperanza de que la reducción del tiempo de labor pueda dar a los seres humanos trabajadores nuevas formas de afrontar la vida”, concluyó Iturraspe.

ED: EG

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Mentiras, héroes y fraudes

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Por: Ramón Jimeno | abril 09, 2023.

Juzgarán no al Trump que compra el silencio de los medios, sino a un presidente empeñado en alterar resultados electorales con mentiras, manipulaciones o la fuerza Contrario a lo que algunos creen, la primera acusación penal contra Trump que toma vuelo no es por haberle pagado a la actriz y directora de cine porno Stormy Daniels para que con su silencio ocultara un desliz. El caso del fiscal Bragg es porque Trump ordenó pagar para ocultar una conducta que afectaría el resultado electoral: al impedir que se publicara algo que le haría daño evitaba que la información llegara al elector, es decir afectaba el resultado electoral. Impedir que el ciudadano cuente con información cierta y pagar para ocultarla es interferir en el resultado de una elección federal. Esta es la tesis que el fiscal Bragg deberá demostrar en juicio. Lo que está en juicio no es la inmoralidad de Trump sino sus esfuerzos por destruir la democracia.

Tratar de alterar los resultados electorales es atentar contra la democracia. Trump lo intentó de nuevo en 2020 al lanzar las falsas acusaciones de fraude en las elecciones de ese año, cuando era evidente que perdía. Lo hizo sin que existiera sustento alguno para su mentira. Hay otros caso penal en gestación contra Trump, en Georgia por sus actuaciones y omisiones en la toma violenta del Congreso del 6 de enero en la que murieron servidores públicos que trataban -ellos sí- de defender la democracia. La justicia juzgará no a un personaje que compra el silencio de los medios sino a un presidente empeñado en alterar los resultados electorales por medio de mentiras, manipulaciones o por la fuerza. 

La autonomía del poder judicial es fundamental para aplicar frenos y sanciones frente a excesos y delitos de políticos y gobernantes que consideran que todo vale para llegar al poder y para conservarlo. Pero sin duda los esfuerzo de la extrema derecha para alterar los resultados electorales incluye acciones en la formación de opinión pública y por sus fue su objetivo dominar medios de comunicación masiva- al igual que tomar el control del poder judicial. 

La toma de los medios en Estados Unidos implicó dejar de lado la Doctrina de la FCC de la imparcialidad que rigió desde 1949. En 1987 Ronald Reagan la revocó para facilitar que la derecha desarrollara sus medios de comunicación sin aplicar normas del periodismo que garantizaban la calidad de la información que se le ofrece al ciudadano. Alegando que las exigencias eran una restricción a la libertad de expresión y de opinión, Reagan abrió las puertas para que se consolidaran como medios de comunicación empresas como Fox News, ideologizados y con interés de generar utilidades, que sin respetar normas ni principios se convirtió en el canal de mayor audiencia en Estados Unidos. No son los mejores, pero tiene la mayor audiencia y la credibilidad de su audiencia. Generan opinión y juegan un papel importante para consolidar fraudes electorales o para manipular al electorado. 

La empresa Dominion (que produce máquinas electorales que usan en estados como Georgia) demandó a Fox News por USD $ 1.600 millones por divulgar y sostener las mentiras de Trump sobre el supuesto fraude electoral de 2020. Fox argumentó que las máquinas de Dominion permitían que se pasara de manera masiva votos de Trump a Biden, sin que existiera evidencia alguna. Incluso dijeron que detrás de Dominion estaba Maduro, el de Venezuela. Los dueños demandaron ante el daño reputacional de las acusaciones y el juicio tiene contra las cuerdas a las estrellas de Fox y a su dueño.

 ___ Ellos creían que si decían la verdad – que no había fraude- sus seguidores republicanos dejarían de verlos y se caerían sus ratings pues su audiencia fanatizada solo quería oír que a su héroe lo querían destronar con trampas ____

El equipo editorial, los altos ejecutivos y Murdoch como propietario quedaron en evidencia tras la revelación de testimonios de sus propios empleados, y de la cadena de correos y comunicaciones internas que confirmaron que eran conscientes que transmitían falsas informaciones, sin fundamentos, sin indicios siquiera. ¿Por qué lo hicieron? Las estrellas sostienen que ellos creían que si decían la verdad – que no había fraude- sus seguidores republicanos dejarían de verlos y se caerían sus ratings pues su audiencia fanatizada solo quería oír que a su héroe lo querían destronar con trampas. Así la mentira se sostuvo al aire y prosperó hasta el punto de que aun hoy más de la mitad de los republicanos creen que a Trump le robaron las elecciones. Esta meta realidad confirma el daño que le hace a la democracia la toma de los medios por la extrema derecha. 

En el terreno judicial la acción consiste en nombrar jueces que respondan a la ideología de la extrema derecha y no a los normas y principios constitucionales. Trump logró avances al nombrar decenas de jueces de su corriente ideológica y a los dos magistrados con los que consiguió la mayoría ultraconservadora en la Corte Suprema. La revocatoria del derecho de las mujeres a decidir sobre lo que hacen con sus cuerpos es uno de los grandes retrocesos del trumpismo gracias a la nueva mayoría de la Corte que impone sus creencias religiosas sobre los principios de la Constitución. La rabia porque la mujer tenga los mismos derechos, o porque existan negros, homosexuales, judíos, o porque los supremacistas blancos no sean quienes lideren la nación está llegando a los tres poderes en Estados Unidos y amenaza dominar si los norteamericanos no reaccionan. 

El escándalo del magistrado Clarence Thomas -que expuso Propública a partir de una larga y profunda investigación- ilustra otra variante sobre cómo funciona la cooptación judicial. El multimillonario ultraconservador Harlan Crow, coleccionista de las “obras” de Hitler y otros dictadores como Mussolini y Stalin le hace invitaciones anuales al magistrado por US$500 mil dólares. Lo lleva a pasear por el mundo en su avión privado, a cruceros en sus yates y a estadías en sus lujosos resorts. Expuesto ante las evidencias el magistrado Thomas dice que sus colegas le dijeron que no era necesario registrar esos regalos. Por supuesto es una burla a las normas éticas que deben cumplir los magistrados, y es la forma de mantener asegurado el respaldo del juez a las doctrinas ultraconservadoras que ya con las mayorías pueden consolidar los cambios contra la democracia.

«Todo fue equivocado, pero nada fue inútil»

10.04.2023 Por Carlos Flores Delpino

Carlos Flores Delpino. Cineasta chileno, creador de la Escuela de Cine de Chile en 1994, de la cual fue profesor y director académico hasta 2009. Licenciado en Arte. Con el siguiente testimonio escrito, la sección de Opinión de CIPER da inicio a una serie de columnas con las que, hasta el mes de septiembre, testigos vivenciales del Golpe de Estado de 1973 en Chile recuerdan y reflexionan lo vivido en esos días por ello/as y su círculo cercano. Son reconstrucciones personales, que privilegian la memoria íntima y la descripción de una cotidianidad alterada por sobre el análisis político o el recuento histórico. A cincuenta años del quiebre democrático en el país, CIPER contribuye con esta serie de columnas a darle diversidad y emoción a las voces de nuestra memoria social. Muchas veces he intentado escribir sobre lo que pensé y lo que hice cuando las radios anunciaban el Golpe de Estado de 1973. Pero me canso, me aburro y abandono. Escribir es recordar, pero lo recordado no es algo que se consiga de una vez y para siempre. Tampoco lo ocurrido. Todo se mueve. La memoria es esquiva: se resiste, borra y fantasea recuerdos para protegernos. Mi mañana del 11 de septiembre de 1973 ocurrió más o menos así. Me despertó un timbrazo. Vivía en Santiago, en un departamento en la esquina de Antonia Lope de Bello con Bombero Núñez. Cuando sonaba el timbre, me asomaba a la ventana del segundo piso para ver quién venía. Esa vez era Pablo Perelman, cineasta, amigo, compañero de militancia y vecino. Andaba con una polera color lila, zapatillas y jeans. Miró hacia arriba, me vio, y tan sólo moviendo los labios, sin emitir sonido, me anunció: «… el Golpe, el Golpe…». No recuerdo lo que le contesté. Creo que solo le pregunté qué pensaba hacer. Me respondió que iba a conseguir leche para su hija pequeña y se alejó caminando por Antonia López de Bello. Prendí la radio y escuché los bandos militares. Desperté a mi señora y nos fuimos en mi moto Honda 125 —que me costó hacer partir— hacia nuestra casa de seguridad. Se supone que una casa de seguridad debería ser un lugar distante de cualquier nexo con familia o con amigos, pero en este caso se trataba de la casa de un compañero que militaba conmigo en una base del MIR. La verdad es que era una pésima casa de seguridad, pues rápidamente llegamos ahí todos, la base completa. Cinco militantes reunidos en la casa de otro militante, el mismo día del Golpe: era el peor de los escondites. Uno de los compañeros se había conseguido una pistola pequeñita. Casi un juguete, pero era de verdad. Un revólver calibre 22, de esos a los que llamaban matagatos. La presencia del revólver generó entre los presentes una discusión larga y absurda. La pregunta era si acaso debíamos seguir teniéndolo o, mejor, hacerlo desaparecer. Si allanaban la casa y nos encontraban a los cinco juntos era sospechoso, pero si nos encontraban con un arma, por muy pequeñita que fuera, estábamos perdidos. El compañero que se había conseguido el revólver se negaba a botarlo, alegando que un revolucionario no debía abandonar su arma. Fue una discusión interminable. Finalmente, se decidió esconder muy bien el revólver.

Durante el día nos informamos por la radio del bombardeo a La Moneda y de la muerte de Allende. Apenas se levantó el estado de sitio, cada uno partió hacia dónde podía. Mi esposa y yo nos fuimos a nuestro departamento, acercándonos con prudencia antes de entrar. A continuación intentamos recoger lo que pudiera ser comprometedor, para eliminarlo. Pero nos dimos cuenta de que todo era comprometedor: libros, ejemplares del diario El rebelde, la revista Punto Final, una caja de jeringas, películas, fotos, afiches y cuadros en la muralla. Todo. Optamos por irnos al departamento de una tía y luego a una casa de la familia de mi esposa en la población San Joaquín. El problema era cómo llegar hasta allí sin un salvoconducto. Mireya, una amiga, nos trasladó en su furgoneta, asumiendo todos los riesgos. Unos pocos días después, el MIR emitió un comunicado que tuve que leer con una lupa, pues llegó a mis manos al interior de una caja de fósforos. Decía: «EL MIR NO SE ASILA». Yo no me asilé; lo digo hoy, cincuenta años después, con cierto orgullo, desatado probablemente por los restos de un impulso romántico que todavía persiste en mí. Aunque nada de lo pasado llega completo a la escritura del presente, lo que ocurrió en esos días adquiere ahora formas y contenidos imprevistos y reveladores. Me doy cuenta, por ejemplo, de que bajo dictadura nuestra clandestinidad fue muy imperfecta. Nos encontrábamos en lugares que llamábamos «puntos de contacto» para entregarnos mensajes. Era una actividad demasiado peligrosa para recibir un papel disimulado en un libro o en un diario que, en verdad, contenía mensajes estimulantes, pero con poco fundamento y de escasa utilidad. Intentábamos dar una pelea gigantesca sin recursos, con valor pero también con gran ingenuidad. Cinco décadas más tarde, puedo decir que fracasamos, pero que no fuimos derrotados. La derrota es definitiva, el fracaso permite aprender y corregir. Hoy pienso muy distinto a lo que pensaba mientras viajaba en mi Honda 125 hacia la casa de seguridad, aquel 11 de septiembre de 1973. La épica de entonces se transformó en un rumor, en una atmósfera que día a día se fue marchitando. Pasaron los años y apareció otra épica. Un proyecto político distinto que no podría pensarse sin nuestro fracaso. He terminado este relato. Estoy contento; creo que este es un buen momento para citar la sabiduría del Tao: Lo incompleto será completado lo torcido será enderezado lo vacío será colmado lo viejo será renovado. (*)La frase del título la incluye el autor Jorge Semprún en su libro Autobiografía de Federico Sánchez.

Costa Rica debe introducir el delito de desaparición forzada en su legislación

Costa Rica debe introducir el delito de desaparición forzada en su legislación

El Comité contra las Desapariciones Forzadas pidió a Costa Rica tipificar ese abuso como delito autónomo. 4 Abril 2023Derechos humanos Las leyes del país centroamericano no contemplan como delito autónomo la desaparición forzada, el comité especializado en ese abuso pide que se tipifique y se establezcan penas apropiadas dada la gravedad extrema de ese atropello contra los derechos humanos. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada expresó preocupación este martes debido a que la legislación nacional de Costa Rica no prohíba explícitamente la desaparición forzada e instó al país a tomar las medidas pertinentes para tipificar esa violación de los derechos humanos como un delito autónomo. En los hallazgos y recomendaciones con respecto a la implementación en Costa Rica de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el Comité deploró que el país no cuente con estadísticas precisas de personas desaparecidas, incluidas las desapariciones de migrantes o de personas con fines de trata. También señaló la falta de cifras sobre denuncias de desapariciones. La instancia aplaudió que Costa Rica considere la Convención como un instrumento vinculante en el orden interno, pero subrayó la inexistencia de un crimen autónomo de desaparición forzada. En este sentido, exhortó al país a “asegurar que la desaparición forzada se tipifique como un delito autónomo y como crimen de lesa humanidad”, con castigos adecuados que tengan en cuenta su gravedad extrema. Asimismo, instó a Costa Rica a prohibir de manera explícita la invocación de órdenes o instrucciones de un superior para justificar el delito de desaparición forzada. El Comité lamentó que la definición de víctima actualmente vigente en Costa Rica no se ajuste con la Convención, ya que esto dificulta el acceso de los afectados a una reparación integral, conforme a ese instrumento. Por lo mismo, solicitó que se estipule una definición de víctima que se ajuste a la Convención. Migrantes El Comité destacó el incremento de extranjeros en las rutas migratorias que pasan por territorios costarricense y recomendó al país que, en colaboración con los países de la región, redoble esfuerzos para prevenir las desapariciones de migrantes y para procesar penalmente a los responsables cuando éstas ocurran. También le pidió apoyar la búsqueda de migrantes desaparecidos y, en caso de encontrar sus cuerpos, trabajar en su identificación y restitución en condiciones dignas. Asimismo, abogó por el establecimiento de una base de datos actualizada de los migrantes que desaparezcan, además de garantizar a sus allegados, estén donde estén, la posibilidad de obtener información y participar en las investigaciones y búsquedas. Para prevenir la desaparición de migrantes, el Comité pidió a Costa Rica prohibir en sus leyes nacionales la expulsión, devolución, entrega o extradición de personas cuando haya razones fundadas para creer que puede correr el riesgo de desaparecer forzadamente. Sobre el Comité El Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Parte. El Comité y su Secretaría se esfuerzan diariamente para apoyar a las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y los Estados en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, así como para erradicar, castigar y prevenir este delito, y reparar los daños infligidos a las víctimas.