El edulcorante sucralosa (comercializado como Splenda) se usa ampliamente y se encuentra en productos como los refrescos dietéticos y los chicles. Los resultados de un nuevo estudio llevaron a los científicos a cuestionar la seguridad de este edulcorante artificial de uso común.
Conforme con el artículo, publicado en Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, este edulcorante puede dañar el ADN del interior de nuestras células. Dado que el ADN contiene el código genético que controla el crecimiento y el mantenimiento de nuestro organismo, se trata de un problema grave que puede acarrear muchos problemas de salud.
El término técnico para algo que rompe el ADN de esta manera es genotóxico, y en el estudio analizaron específicamente la sucralosa-6-acetato: este compuesto químico se produce cuando la sucralosa se ingiere y se metaboliza en el cuerpo.
Los edulcorantes artificiales sin calorías, que suelen encontrarse en restaurantes y locales que sirven café o té calientes. De izquierda a derecha: Equal, Sweet'n Low y Splenda.
Los edulcorantes artificiales sin calorías, que suelen encontrarse en restaurantes y locales que sirven café o té calientes. De izquierda a derecha: Equal, Sweet'n Low y Splenda.
Los edulcorantes artificiales sin calorías, que suelen encontrarse en restaurantes y locales que sirven café o té calientes. De izquierda a derecha: Equal, Sweet'n Low y Splenda.
Los edulcorantes artificiales sin calorías, que suelen encontrarse en restaurantes y locales que sirven café o té calientes. De izquierda a derecha: Equal, Sweet'n Low y Splenda.
"Para poner esto en contexto, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha establecido un umbral de peligro toxicológico para todas las sustancias genotóxicas en 0,15 microgramos por persona y día", comentó la ingeniera biomédica Susan Schiffman, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.
"Nuestro trabajo demuestra que las trazas de sucralosa-6-acetato en una bebida endulzada con sucralosa al día superan este umbral. Y eso sin tener en cuenta la cantidad de sucralosa-6-acetato producida como metabolitos tras el consumo de sucralosa", señaló Schiffman.
En otras palabras, según los investigadores, la sucralosa-6-acetato ya está presente en estas bebidas antes de ser consumidas, pero una cantidad aún mayor se produce en nuestros estómagos. En realidad, la sucralosa se fabrica a partir de una versión modificada de la sucralosa-6-acetato, que se sintetiza a partir de la sacarosa.
Las pruebas confirmaron mecanismos genotóxicos y clastogénicos (daños en la cadena de ADN) y mostraron un aumento de la expresión de genes asociados a la inflamación, el estrés oxidativo y el cáncer. Además, se dañó la mucosa intestinal y puede ser la causante de la 'fuga intestinal'.
"Esencialmente, [sacarosa y sucralosa-6-acetato] hacen que la pared intestinal sea más permeable. Las sustancias químicas dañan las 'uniones estrechas', o interfaces, donde las células de la pared intestinal se conectan entre sí", explicó la profesora estadounidense.
La fuga intestinal significa que los alimentos parcialmente digeridos y las toxinas pueden filtrarse al torrente sanguíneo. A su vez, esta afección puede tener muchas consecuencias posteriores en distintas partes del cuerpo.
Los autores del nuevo estudio advierten de que, en adelante, la gente debe evitar tomar sucralosa y todo que la contenga. Este edulcorante había sido aprobado anteriormente por los organismos reguladores basándose en estudios que demostraban que pasa por el organismo sin cambios, lo que se contradice con las últimas investigaciones.
"Ha llegado el momento de revisar la seguridad y la situación reglamentaria de la sucralosa, ya que se están acumulando pruebas de que conlleva riesgos significativos", concluyen los expertos.
Nueva ley de Nueva York puede aliviar deuda de países pobres
Vista aérea del distrito financiero en el centro de Nueva York. Un proyecto de ley que discute el estado del mismo nombre puede comprometer a los acreedores privados a participar, como la banca pública, en los esfuerzos de alivio de la deuda para los países de ingresos bajos y medianos. Imagen: Brandon Jacoby / Unsplash
GINEBRA – Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, en una declaración emitida este jueves 8, animaron la pronta aprobación de una ley del estado de Nueva York, en Estados Unidos, que puede llevar alivio a los países de bajos ingresos más endeudados.
“Es una oportunidad de oro que permitirá a los países con sobreendeudamiento cambiar sus prioridades presupuestarias y, al proporcionar mejores condiciones de vida, reducir los riesgos para los inversores en estos países y crear mejores oportunidades”, dijeron los expertos Olivier de Schutter y Attiya Waris.
Ambos juristas trabajan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza. De Schutter, belga, es el relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, y Waris, keniana, es la experta independiente sobre deuda externa y derechos humanos.
La Ley de Prevención de Crisis de Deuda Internacional y Contribuyentes de Nueva York, que se encuentra actualmente en discusión, obligaría a los acreedores privados a participar en los esfuerzos internacionales de alivio de la deuda en términos similares a los de los prestamistas públicos.
La deuda externa acumulada de los países de ingresos medianos y bajos sumaba 9,3 billones (millones de millones) de dólares al cierre de 2021, según el Banco Mundial. De ella, 3,5 billones corresponden a deuda pública o con garantía pública.
Los expertos indicaron que alrededor de 60 % por ciento de la deuda de los países en desarrollo está en manos de acreedores privados, y que las leyes de Nueva York rigen sobre 52 % de esas acreencias.
“Si los contribuyentes contribuyen al alivio de la deuda pública, los acreedores privados deberían estar obligados a participar en los mismos términos”, dijeron Waris y de Shutter.
Agregaron que “el alivio de la deuda debe ser efectivo y justo para todos, y sus costos también deben ser compartidos por los acreedores privados”.
La legislación propuesta significa que los países de bajos y medianos ingresos en dificultades podrían proteger los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos en lugar de pagar cargas de deuda que los expertos juzgan insostenibles.
En 2021, esas naciones gastaron un promedio de 27,5 % de sus presupuestos en pagos de intereses y deudas, o más que la cantidad gastada en educación, salud y protección social combinadas.
Los expertos destacaron que la pandemia covid-19, la crisis energética, el aumento de los precios de los alimentos y la inflación, han llevado a un aumento de la deuda insostenible para muchos países, con un impacto particular en las naciones en desarrollo.
“Muchas personas pobres apenas pueden pagar los alimentos y las necesidades dietéticas mínimas para la salud. Es precisamente en tiempos de crisis que los Estados deben ser capaces de garantizar la protección social y la seguridad alimentaria de todas las personas de su país”, señalaron los expertos.
Subrayaron que “todo el mundo tiene interés en que los países puedan invertir en protección social, salud, vivienda, educación y seguridad alimentaria, en lugar de dedicar cada vez más de sus limitados presupuestos al pago de la deuda”.
Por todo ello, los expertos han dirigido comunicaciones a las autoridades de Estados Unidos, y en particular a los de Nueva York, instándoles a adoptar el nuevo texto legal.
En régimen de excepción de El Salvador el habeas corpus no funciona
“Libertad Ya”, reclaman familiares de personas apresadas en el marco del régimen de excepción en El Salvador, durante una marcha el 1 de mayo, por lo que consideran han sido detenciones arbitrarias realizadas por la policía, con el apoyo unidades del ejército. Unas 68 000 personas han sido encarceladas en este país, acusadas de ser miembros de pandillas desde marzo de 2022. Imagen: Edgardo Ayala / IPS
SAN SALVADOR – María Ángela Deras esperaba en la sala de una organización de derechos humanos a un abogado que le ayudaría a interponer un recurso legal, para lograr la liberación de su esposo apresado dentro de la política gubernamental de detenciones masivas en El Salvador.
Deras va a presentar ante la justicia salvadoreña un habeas corpus, un procedimiento jurídico común en las legislaciones del mundo, utilizado para averiguar el paradero de alguien del que no se sabe nada tras ser detenido por agentes del Estado, así como su presentación física ante un juez para que determine la legalidad del arresto.
Y en caso de no serlo, esa persona debería ser puesta en libertad de inmediato.
Un año sin saber de su esposo
Esa es la esperanza de Deras: ver en libertad a su esposo, Esteban Salvador Flores, de 38 años, capturado el 7 de mayo de 2022, en el caserío San Francisco de Asís, en el municipio de Tejutla, del departamento de Chalatenango, en el centro de El Salvador.
Flores estaba cortando aguacates en el huerto de una vecina, cuando llegaron los policías y le ordenaron que se bajara del árbol. Y sin explicar mucho se lo llevaron, contó Deras a IPS.
Lo acusan de agrupaciones ilícitas, es decir, de pertenecer a pandillas.
Como ella, cientos de personas en El Salvador están recurriendo a organizaciones como esa para iniciar procesos de habeas corpus, en favor de sus familiares capturados en el marco del régimen de excepción, que suspendió varias garantías constitucionales para combatir el crimen.
“Tengo más de un año de no ver a mi esposo, ni saber nada de él”: María Ángela Deras.
Esa estrategia, que sigue vigente, fue impulsada desde el 27 de marzo de 2022 por el presidente Nayib Bukele para descabezar a las temidas pandillas. Desde esa fecha unas 68 000 personas han sido arrestadas, acusadas de ser miembros de esas bandas criminales.
El plan ha tenido éxito, pues se logró desarticular a esos grupos, y Bukele se ha ganado el apoyo de la población, que siempre ha sido alto y está ahora en 85 %, según varios sondeos de opinión.
Sin embargo, un importante porcentaje de los detenidos, cuya cifra se desconoce, ha sido encarcelado arbitrariamente, a juzgar por varios reportes de organizaciones de derechos humanos que han investigado esos hechos.
Además de la arbitrariedad de esas detenciones, los familiares de los arrestados no reciben información sobre ellos, desconocen en qué cárcel se encuentran y con frecuencia ni los abogados defensores tienen permitido verlos.
“Tengo más de un año de no ver a mi esposo, ni saber nada de él”, añadió Deras, con la voz entrecortada.
María Ángela Deras, de 48 años, espera su turno para ser atendida por un abogado de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal María Julia Hernández, en San Salvador, a fin de interponer ante la justicia salvadoreña un recurso de habeas corpus. Por ese procedimiento, espera la libertad de su esposo, Esteban Salvador Flores, de 38 años, capturado el 7 de mayo de 2022, acusado de pertenecer a las pandillas, y del que no sabe nada desde entonces. Imagen: Edgardo Ayala / IPS
Zancadillas políticas
Aún está por verse si el sistema judicial admite el recurso de Deras, de 48 años, y otros tantos.
Porque más bien hay una tendencia a retrasarlos o denegarlos, en medio de cuestionamientos de que eso obedece a un interés político del sistema judicial, controlado en buena medida por Bukele.
En mayo de 2021, el partido del presidente, Nuevas Ideas, se hizo con el control de la unicameral Asamblea Legislativa, al garantizarse 56 de los 84 diputados.
Sin el debido proceso, la Asamblea removió a los cinco jueces que componían la Sala de lo Constitucional, y los diputados oficialistas de inmediato los reemplazaron por jueces aliados del presidente.
La Sala Constitucional, adscrita a la Corte Suprema de Justicia, es a la que van dirigidos la mayor parte de habeas corpus.
“La Sala simplemente se hace la del ojo pacho (ignora), no da respuestas”, señaló a IPS el abogado Pedro Martínez, que va a llevar el caso de Deras.
Antes del régimen de excepción, la cifra de habeas corpus rondaba los 800 casos al año, pero en 2022, en el marco de la llamada guerra contra las pandillas, la cifra alcanzó los 3000, explicó Martínez.
La mayoría de esas solicitudes de habeas corpus no han sido resueltas, pese a que se trata de un recurso de trato perentorio.
Policías vigilan a un grupo de presuntos pandilleros trasladados en febrero de cárceles del país al nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido por el gobierno de Nayib Bukele, que ha emprendido una «guerra contra las pandillas» desde marzo de 2022. La política anticrimen del presidente ha logrado desarticulara en buena medida a esos grupos criminales, pero hay reportes de graves violaciones a los derechos humanos y de capturas arbitrarias por parte de soldados y policías. Imagen: Presidencia de El Salvador
La mayor parte de esas solicitudes (3369) fueron hechas a la Sala Constitucional, que no ha resuelto ninguna, al menos en ese periodo. Otros tribunales del sistema, quizá aún con un poco de más independencia, sí han procesado algunos casos.
El habeas corpus, creados en el siglo XIII en Inglaterra, tienen precisamente el objetivo es determinar el paradero de una persona que ha sido detenida y cuyos familiares no saben dónde se encuentra, obligando así a la “exposición del cuerpo” de esa persona ante el juez para «mostrar» su estado.
El abogado Martínez acotó que el sistema interamericano de justicia ha determinado que si alguien ha sido capturado por el Estado y los familiares no lo han visto por 15 días, se considera que hay una desaparición forzada.
La respuesta de la Justicia salvadoreña debe ser dentro de los 15 días siguientes de iniciado el trámite.
No obstante, es un hecho que históricamente en este país procesar ese tipo de recursos legales siempre ha arrastrado retrasos.
Pero ahora, con el control que Bukele ejerce sobre parte del sistema judicial, es muy probable que la razón tenga también un componente político.
Martínez agregó que los jueces de la Sala Constitucional, al desestimar o devolver con observaciones las peticiones de habeas corpus, suelen recurrir a justificaciones sin fundamento, que no son parte del procedimiento normal.
La organización de derechos humanos Cristosal presentó el 29 de mayo el informe “Un año bajo el régimen de excepción”, que recogió 3403 casos de personas cuyos derechos fueron vulnerados en un año de régimen de excepción, sobre todo en lo relativo a detenciones arbitrarias.
Además, el reporte sostuvo que en ese periodo fallecieron 153 personas dentro de las cárceles, de esas, 29 presentaban signos de muerte violenta.
Entre marzo de 2022 y enero de 2023 hubo 4012 solicitudes de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, para saber el paradero de parte de los detenidos en el marco del régimen de excepción implantado por Nayib Bukele para eliminar a las pandillas. De ellos, solo 22 % se han resuelto. Imagen: Alac
Entre la esperanza y la incertidumbre
Deras no ha perdido la esperanza de ver a su esposo con vida y en libertad.
Como respaldo al habeas corpus, posee cartas de personas que dicen que lo conocen, escrituras de alguna propiedad de él, referencias que prueban que él sufre de insuficiencia renal, así como escritos que demuestran que no tiene antecedentes penales y otros.
“Ojalá las autoridades puedan ver esta documentación y lo dejen ir, no importa que salga con heridas”, dijo Deras.
Narró que los policías mintieron a la hora de inculpar a su pareja.
Sostuvo que en 2008, un hermano de Flores lo denunció por violación de una familiar, y por eso estuvo detenido cuatro meses en una celda policial, aguardando una primera audiencia judicial.
Luego salió libre porque la denuncia fue infundada.
Ese informe policial fue alterado, agregó, y los policías reportaron que él tenía antecedentes penales por “pandillero”, lo cual era falso.
Muchas detenciones suceden a partir de llamadas anónimas, y los policías no confirman si la denuncia tiene fundamento o no, simplemente llegan a capturar.
Eso le pasó a una maestra capturada el 24 de abril de 2022, en uno de los asentamiento rurales del Bajo Lempa, una zona cercana a la desembocadura del río homónimo en el océano pacífico, en el departamento de Usulután, centro de El Salvador.
“Llegaron a las 11 de la noche, ya estábamos acostados, los policías llegaron con los rostros cubiertos y dijeron que había una denuncia anónima contra ella”, contó a IPS su esposo, quien pidió reserva de su nombre y el de su pareja.
Dijo que ella es maestra, dedicada a su profesión y a participar de actividades comunitarias, como ferias de intercambio de semillas criollas y de productos locales. “Es conocida como una persona de bien”, remarcó.
La acusaron también de agrupaciones ilícitas, y en la primera audiencia, el 7 de mayo de 2022, el juez decretó detención provisional por seis meses, periodo que suele alargarse, como ha sido su caso.
“Desde entonces no la veo, hace más de un año”, acotó, con lágrimas en los ojos.
Agregó que ha contratado a un abogado privado, para intentar liberarla.
En esa región del Bajo Lempa, donde la criminalidad ha sido casi inexistente desde hace varios años, los policías y soldados han capturado a unas 250 personas, acusadas de pertenecer a pandillas.
En 50 % de esos casos los familiares interpusieron procesos de habeas corpus, pero unos ya fueron denegados
