• Abril 28, 2023

América Latina aún soporta jornadas de trabajo demasiado largas

Este artículo forma parte de la cobertura de IPS sobre el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de Mayo.

Trabajadores de la construcción de Chile, entre los beneficiados con la progresiva reducción de la jornada laboral, de las actuales 45 horas hasta 40, dentro de cinco años. La norma ya existía en países como Ecuador y Venezuela, pero en la mayoría de la región aún se contemplan tiempos de labor más extensos. Foto: Camila Lasalle / Sintec

CARACAS – La reducción de la jornada laboral semanal aprobada por el legislativo Congreso Nacional de Chile se inscribió en la tendencia de trabajar menos horas y días, que avanza en las economías modernas, y en paralelo mostró el rezago en ese campo que persiste en otros países de América Latina.

América Latina “tiene una legislación rezagada en cuanto a jornada de trabajo y es imperativo que se haga una revisión”, observó el director de la  Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur americano, Fabio Bertranou, una vez aprobada la nueva norma chilena.

La jornada semanal en Chile era de 45 horas, y de manera paulatina ese límite se reducirá en una hora anual durante cinco años hasta quedar en 40 horas, según la norma que el presidente Gabriel Boric, jubiloso, promulgó el 14 de abril.

“Tras muchos años sumando apoyo y dialogando, hoy por fin podemos celebrar la aprobación de este proyecto que reduce la jornada laboral, un proyecto profamilia, que apunta al buen vivir de todas y todos”, dijo Boric.

La ley prevé la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres, de hacer un máximo de cinco horas extras por semana, y accede a excepciones en sectores como minería y transporte, donde pueden laborarse hasta 52 horas semanales, a condición de compensar con menos horas en otra semana de labor.

“La organización de la labor con el trabajo no humano, el de la inteligencia artificial, puede reducir masivamente el empleo y hacer que 40 horas semanales ya sea una cantidad inmensa de trabajo”: Francisco Iturraspe.

Chile se alinea así con sus socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en algunos de los cuales, como Australia, Dinamarca  y Francia, se trabaja menos de 40 horas, mientras que en otros, como Alemania, Colombia, México o el Reino Unido, se trabaja más.

La reforma chilena fue el acontecimiento destacado en el mundo del trabajo latinoamericano al acercarse una nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el lunes 1 de mayo.

El presidente Gabriel Boric celebra la modificación de la ley laboral que hizo el Congreso chileno para reducir la jornada laboral como un logro que «apunta al buen vivir de todos y todas», en el entendido de que los trabajadores dispondrán de más tiempo para el descanso y la vida familiar. Foto: Presidencia de Chile

Variedad latinoamericana

De acuerdo con datos de la OIT, hasta la década pasada dos países de la región, Ecuador y Venezuela, sostenían legalmente la jornada laboral límite de 40 horas, mientras que, como Chile hasta ahora, Brasil, El Salvador, Guatemala y República Dominicana estaban en el rango entre 42 y 45 horas.

En el tope de las 48 horas se ubicaban Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Según las normas nacionales, el máximo de horas semanales que se permite trabajar  es de 48 en Brasil y Venezuela; y en Argentina, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay está entre 49 y 59 horas.

En Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras el tope es de 60 o más horas, y en El Salvador y Perú simplemente no hay límite.

Se trata aquí de las semanas, distintas a las ordinarias, en las que por razones específicas se autoriza un tiempo extraordinario de labor.

Sin embargo, en la práctica se trabaja menos, pues el promedio regional está en 39,9 horas, más que en Europa occidental, América del Norte y África (entre 37,2 y 38,8 horas), pero menos que en los Estados árabes y del Pacífico y Asia, donde se labora con promedios entre 44 y 49 horas semanales.

Los datos de la OIT mostraron que en el año 2016 en América Latina los trabajadores hombres laboraron 44,9 horas semanales en promedio y las mujeres 36,3, una reducción de 1,7 horas respecto a cifras de 2005 en el caso de los hombres y de media hora en el caso de las mujeres.

Entre los trabajadores domésticos, la merma fue de 3,3 horas entre los hombres y de más de cinco horas entre las mujeres (de 38,1 a 32,9 horas), lo que se atribuye en parte a que después de 2005 avanzó la legislación para equiparar en tiempo de labor de las trabajadoras domésticas con el resto de trabajadores.

Una maestra se conecta desde su casa con sus estudiantes en un ejercicio de teletrabajo. Esa tendencia avanzó en diferentes sectores en América Latina durante la pandemia de covid-19 y permite a los trabajadores una organización más libre del tiempo de labor, aunque en ocasiones implica trabajar tiempo extra. Foto: Marcel Crozet / OIT

Salud y teletrabajo

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OIT atribuye a las largas jornadas de labor -especialmente las que rebasan las 55 horas semanales- la muerte de unos 750 000 trabajadores cada año.

La investigación de esas agencias indicó que en el mundo en 2016 murieron 398 000 trabajadores por accidente cerebrovascular y 347 000 por cardiopatía isquémica, males que se disparan por el estrés prolongado asociado a largas jornadas, o por respuestas riesgosas como consumo de tabaco, alcohol y dietas no saludables.

María Neira, directora de Ambiente, Cambio Climático y Salud en la OMS, dijo al respecto que “trabajar 55 horas o más por semana es un grave peligro para la salud. Es hora de que todos, gobiernos, empleadores y empleados, nos demos cuenta de que las largas jornadas laborales pueden provocar una muerte prematura”.

Por otra parte, la tendencia del teletrabajo registró un auge en todo el mundo durante la pandemia covid-19 y alcanzó a 23 millones de trabajadores en América Latina y el Caribe, principalmente asalariados formales con alto nivel educativo, empleos estables y en ocupaciones profesionales y administrativas.

El acceso al teletrabajo ha sido mucho menor para los trabajadores informales, por cuenta propia, jóvenes, los de menores calificaciones y de bajos ingresos laborales, y para las mujeres sobre las que recaen más responsabilidades familiares.

Un análisis del especialista latinoamericano de la OIT Andrés Marinakis reconoció que “en general, los teletrabajadores tienen cierta autonomía para determinar la organización de su jornada y se evalúa su desempeño principalmente a través de los resultados de su trabajo más que por las horas que tomó para hacerlo”.

Pero “diversos estudios han encontrado que en muchos casos quienes teletrabajan realizan jornadas laborales un poco superiores a la habitual, los límites entre las horas habituales y las extraordinarias son menos nítidos”, y esa situación se refuerza con los dispositivos electrónicos disponibles, expuso Marinakis, con su sede en Santiago de Chile.

De ese modo “es posible el contacto con colegas y supervisores en cualquier momento y lugar, extendiendo la jornada más allá de lo habitual”, lo que plantea “la necesidad de establecer con claridad un período de desconexión que permita un descanso efectivo del trabajador”, agregó el analista.

La inteligencia artificial, por ejemplo con los robots que trabajan con gran precisión y rapidez, favorece el desarrollo tecnológico de los países y aumenta la productividad al reducir costos en la producción de bienes o servicios, pero puede conducir a importantes reducciones del empleo. Foto: BID

La otra cara

Por otra parte, en el horizonte aparece que “la organización de la labor con el trabajo no humano, el de la inteligencia artificial, puede reducir masivamente el empleo y hacer que 40 horas semanales ya sea una cantidad inmensa de trabajo”, observó a IPS, en conversación telefónica, el laboralista argentino Francisco Iturraspe.

Docente en la Universidad Nacional de Rosario e investigador del estatal Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de su país, Iturraspe recuerda que el 1 de mayo, Día del Trabajador, conmemora precisamente la lucha librada en 1886 en Chicago, Estados Unidos, para reducir la jornada laboral.

La reducción de la jornada “responde a criterios propios del siglo XIX, mientras en el XXI existe el desafío de atender la necesidad de desarrollo tecnológico y su impacto en nuestros países”, opinó el experto desde la ciudad de Rosario, en el sudeste argentino.

Sostuvo que “en la medida en que se disponga de mano de obra abundante y barata, y la gente deba trabajar más horas, los empresarios necesitarán menos inversión en tecnología y así el desarrollo se detiene”.

Pero, por otra parte, Iturraspe destaca que la inversión en tecnologías como la inteligencia artificial reduce el costo de producción de bienes y servicios, evocando la tesis del costo marginal cero expuesta en sus obras por el economista estadounidense Jeremy Rifkin, autor, entre otros libros, de “El fin del trabajo”.

Eso se traduce en reducción de la mano de obra necesaria para producir y distribuir bienes y servicios, “quizá hasta de la mitad según algunos economistas, giro copernicano que nos llevaría a una situación de desempleo masivo”.

Por el filo de esa navaja camina la búsqueda de reducir la jornada de trabajo, “con la esperanza de que la reducción del tiempo de labor pueda dar a los seres humanos trabajadores nuevas formas de afrontar la vida”, concluyó Iturraspe.

ED: EG

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Protestas sociales en distintos frentes

Ago-09-16 

por Rosendo Fraga

El aumento de tarifas se ha transformado en un problema político relevante para la Administración Macri. En la primera semana de agosto, una jueza federal de San Martín dispuso suspender el aumento en todo el ámbito nacional. Tras algunas dilaciones, el gobierno optó por recurrir a la Suprema Corte, para que ésta tome una decisión definitiva, ordenando los fallos contradictorios que hay en primera y segunda instancia en distintos lugares del país. Pero el máximo tribunal, buscando mostrar independencia y al mismo tiempo evaluar políticamente el conflicto, se tomará varias semanas para definir su posición, mientras da espacio para que se busque una solución política entre el Ejecutivo y el Legislativo. El gobierno es así consciente de que antes de fin de mes no tendrá definición y que ella incluso puede demorarse hasta setiembre. Esto plantea la necesidad de volver a facturar sin el aumento, dado que en caso contrario las empresas de luz y electricidad de la región metropolitana, al no tener ingresos, tendrán problemas para pagar sus salarios, como ya lo han dicho los gremios del sector. La prolongación del conflicto genera dudas en los inversores acerca de la capacidad del gobierno para avanzar en las reformas necesarias. Al mismo tiempo, el 4 de agosto tuvo lugar un nuevo "ruidazo" denominación que se ha dado a las protestas contra el aumento de tarifas. Tuvo más alcance que la primera, que tuvo lugar el 14 de julio. Se concentraron vecinos y militantes de partidos y organizaciones comunitarias en media docena de lugares de la Ciudad de Buenos Aires, una docena de puntos en el conurbano y en Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires y en ciudades de diez provincias. 

El mismo día, tuvo lugar el fracasado intento de detener a Hebe de Bonafini por parte del juez Martínez de Georgi que la investiga por casos de corrupción en su Fundación. Tras dos negativas de ella a presentarse a declarar, desobedeciendo órdenes judiciales, el juez optó por disponer su detención para llevarla a prestar declaración indagatoria y después liberarla. Pero se intentó detenerla cuando participaba en la manifestación semanal de las Madres de Plaza de Mayo y los centenares de militantes que la acompañaron la rodearon impidiendo su detención, mientras que a través de las redes sociales el Kirchnerismo se movilizó hacia el lugar, reuniendo varios miles de personas. Se hicieron presentes figuras conspicuas de esta corriente política, como Zannini, Parrilli, Larroque y Boudou. Cristina públicamente la respaldó, acusando al gobierno de Macri de perseguir por razones políticas, aprovechando para defender su posición, amenazada por diversas denuncias de corrupción y la reapertura de la denuncia de Nisman. El Kirchnerismo, que había perdido capacidad de movilización, encontró en el caso Bonafini un factor de convocatoria. El juez la interrogará ahora en la sede de su fundación y ella lo recibiría, pero negándose a declarar. El hecho plantea la posibilidad que en el futuro, la izquierda y el Kirchnerismo intenten utilizar la misma metodología frente a causas judiciales que los amenacen.   

Al día siguiente, fue el plenario de secretarios generales de la CGT unificada, que emitió un documento duro frente al gobierno, pero sin convocar a un paro general que implicaría una ruptura con el gobierno. El acuerdo respecto a la devolución de los 29.000 millones de pesos retenidos por el Kirchnerismo, limita por ahora los alcances de la protesta sindical. Las tres centrales acordaron designar un triunvirato, el que debe ser ratificado por el Congreso de la central obrera que se reunirá el 22 de agosto. Schmid (Dragado y Balizamiento), representa a la central de Moyano en la nueva conducción, Daer (Sanidad) a la de Caló y Acuña (Estaciones de Servicio) a la de Barrionuevo, quien sostiene que el sindicalismo peronista se alineará con Massa. Participaron de este plenario cerca de 150 secretarios generales de gremios. Pero en forma paralela, se reunieron otros 47 alrededor de Venegas (rurales), quien es el dirigente sindical hoy más cercano a Macri, rechazando al triunvirato y amenazando con realizar un congreso paralelo. Es una minoría, pero que puede afectar la imagen de la unidad sindical que se ha logrado. El 9 de agosto, las dos centrales sindicales combativas convergen en un paro estatal nacional, el que tiene lugar cuando los docentes -que la semana pasada estuvieron en huelga en media docena de provincias- reclaman reabrir paritarias, frente al aumento de la inflación. Para el sindicalismo, los salarios han sido superados por la inflación. Sostiene que el 10% de menores ingresos ha tenido una inflación anual del 52% y el 10% de mayores ingresos la ha tenido del 42%, exactamente la inflación de los últimos doce meses. El 80% que esta entre ambos extremos la tuvo del 46%. Una fundación empresaria (FIEL), sostiene que el aumento de la canasta básica que determina el nivel de pobreza, se incrementó más de 47% en el último año.  

Finalmente el domingo 7 de agosto, día de San Cayetano "patrón del trabajo", movimientos sociales marcharon desde la Basílica de este nombre en Liniers, hasta la Plaza de Mayo, reclamando por el desempleo. En su homilía, el Arzobispo de Buenos Aires Monseñor Poli pidió por los desempleados, días después que el Papa Francisco hiciera pública su preocupación por la falta de trabajo en la Argentina. Dos días después, un estudio de la UN, daba cuenta que Argentina tiene el desempleo juvenil más alto de América Latina, ubicándose en 19,4%. Participaron de la movilización la Central de Trabajadores de la Economía Precarizada (CTEP), que intenta representar a los que trabajan en la informalidad, cuyos dirigentes tienen buena relación con el Papa; el Movimiento Barrios en Pie, que responde al Movimiento Libres del Sur; la Corriente Clasista y Combativa  (CCC) de origen maoísta y el Movimiento Evita, de extracción kirchnerista. Dirigentes de varias centrales sindicales -peronistas y no-peronistas- apoyaron esta marcha y se sumaron algunos kirchneristas. Frente al desempleo, el gobierno intenta avanzar en el Congreso con proyectos de ley para fomentar el "primer empleo" y ha decidido no prorrogar el acuerdo con las entidades empresarias para suspender despidos durante 90 días, tras el veto de la llamada "ley antidespidos" que fuera sancionada por el Congreso en mayo.

En conclusión: el conflicto por el aumento de tarifas, que generó una nueva protesta en los centros urbanos y que está ahora pendiente de una decisión de la Corte, genera dudas para las demoradas decisiones de inversión; el fracaso de la detención de Hebe de Bonafini que el gobierno respaldó, aunque ella tiene mala imagen en la opinión pública, permitió a la militancia K cierta recuperación en la calle; la unidad sindical peronista se ha dado con un duro documento respecto al gobierno de Macri, pero sin convocar a un paro general, lo que no impedirá conflictos por las paritarias; la marcha de los movimientos sociales pidiendo por el empleo revela el deterioro del mismo en quienes trabajan en la economía informal, que lo sufren más que los formales representados por los sindicatos y todo esto que ha tenido lugar en la primera semana de agosto confirma que el mes registrará un nivel de protesta social más alto, mientras se demora la recuperación de la economía. 

http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5175&Itemid=39 

La caída de los Rosenthal, el poderoso clan hondureño acusado de lavado de dinero y narcotráfico

Dassaev Aguilar | Como una de las familias más ricas e influyentes de Honduras, los Rosenthal estaban acostumbrados a ocupar importantes puestos de gobierno y su apellido figuraba regularmente entre los aspirantes a la presidencia.

Pero en lugar de pelear por la máxima magistratura sus energías ahora están puestas en tratar de evitar una cárcel en Estados Unidos, país que les acusa de haber estado lavando dinero proveniente del narcotráfico durante al menos diez años.

La acusación, que cayó como bomba entre la élite hondureña, se hizo pública el martes de la semana pasada, cuando el empresario Yankel Rosenthal, de 46 años, fue arrestado a su llegada al aeropuerto de Miami.

Y el hombre que hasta junio pasado se desempeñaba como ministro de Inversiones y todavía figura como presidente de Marathón –uno de los equipos de fútbol más populares del país– no es el único Rosenthal implicado.

En la mira de las autoridades estadounidenses también está su primo Yani, de 50 años, ministro de la Presidencia de Honduras en 2006 y 2007, congresista hasta el año pasado y varias veces precandidato a la presidencia de la nación centroamericana.

Y, sobre todo, EE.UU. también presentó cargos contra su tío Jaime, el patriarca del clan, eterno candidato presidencial, dirigente del poderoso Partido Liberal, ex vicepresidente de Honduras, excongresista y fundador del Banco Continental.

Grupo Continental

El banco es una de siete compañías vinculadas a los Rosenthal que, según la justicia estadounidense, “proveyeron durante una década de servicios de lavado de dinero, y otros, para apoyar actividades de (…) traficantes de drogas centroamericanos y organizaciones criminales”.

Y aunque la acusación es disputada por la familia, la Comisión Nacional de Banca y Seguros de Honduras (CNBS) ya ordenó la liquidación forzosa de la institución bancaria, aumentando el nerviosismo de sus 220.000 ahorristas.

La decisión terminó llevando el caso Rosenthal a las calles, pues centenares de cuentahabientes se presentaron el lunes en sucursales en varias partes del país para exigir la devolución de su dinero.

Pero aunque la CNBS garantizó la devolución de los depósitos –hasta un máximo de US$9.400– las potenciales ramificaciones de la caída de los Rosenthal van mucho más allá, pues sus intereses incluyen una aseguradora, una cementera, empresas agroexportadoras, urbanizaciones y varios medios de comunicación, además del equipo Marathón.

Todas estas empresas están agrupadas en el Grupo Continental, fundado en 1929; es decir, cinco años después de que el padre de Jaime Rosenthal –también llamado Yankel– llegara a Honduras proveniente de Rumania para establecerse en la ciudad de San Pedro Sula.

Y fue precisamente en la capital industrial de Honduras –donde ahora hay un estadio que lleva su nombre– donde este electricista de origen judío empezó a construir la que luego se convertiría en una de las principales fortunas del país.

80 años de negocios

“Los orígenes de mi familia son como los de muchos inmigrantes que vinieron a Honduras a principios de siglo huyendo de la violencia y la guerra”, le contó Jaime Rosenthal a la revista Mercados & Tendencias en agosto de 2009.

Según varios registros, la primera piedra de su fortuna sería el almacén “Siga la flecha”, dedicado a negociar “con mercaderías en general” pero especializado “en artículos para caballeros y ropa hecha”.

Aunque, como le relató a la publicación centroamericana su hijo Jaime, el primero de los Rosenthal no se quedó ahí.

“Mi papá Yankel Rosenthal se dedicó al negocio de la representación de empresas extranjeras y a la importación, desde Seguros Lloyd’s y AIG”, le dijo el empresario a Mercados & Tendencias.

“Y varias empresas fueron saliendo por necesidad y otras por conveniencia o coyuntura, pero la verdad que no hubo ningún plan preconcebido de crear el Grupo Continental”, explicó.

Ya luego fue el mismo Jaime el que introdujo a la familia en el mundo de la política, intentando en tres oportunidades ser candidato a la presidencia de la república por el Partido Liberal.

Y aunque al empresario le gusta presentarse como un “revolucionario” con tendencias de izquierda, a lo largo de los años a su familia también se la ha señalado de utilizar su influencia para favorecer a sus numerosas empresas.

Presunción de inocencia

Los Rosenthal, sin embargo, siempre han rechazado esos señalamientos, tal y como ahora rechazan las acusaciones del departamento de Justicia de EE.UU.

“El pueblo Hondureño conoce de nuestra dedicación al trabajo y al ahorro y saben perfectamente que estas acusaciones que se han presentado contra nosotros son falsas”, se lee en un comunicado emitido por el Grupo Continental.

“Jamás hemos estado involucrados en actos ilegales y mucho menos en actividades de narcotráfico o lavado de activos”, agrega la comunicación.

Y ahí también le piden “al pueblo de Honduras, a las autoridades y especialmente a nuestros amigos” apoyo para poder defenderse y demostrar su inocencia ante las autoridades del país.

Esa inocencia ha sido puesta en duda fundamentalmente por los lazos entre el Grupo Continental y la familia Rivera Maradiaga, identificada por el gobierno de EE.UU. como el principal grupo de narcotraficantes de Honduras.

Aunque los Rosenthal insisten en que no tenían como saber que tan buenos clientes “eran tan pícaros como resultaron ser”.

Y, por el momento, la justicia hondureña no parece haber iniciado acciones en contra de Jaime y Yani Rosenthal, a pesar de que su designación como “narcotraficantes” por una corte de Nueva York.

En los últimos meses, miles de hondureños se movilizaron para protestar contra la corrupción y la impunidad.

Esta decisión contrasta con la rápida extradición de muchos otros acusados de narcotráfico y da una buena idea del peso político de los Rosenthal.

Y, más allá de la presunción de inocencia a la que tiene derecho la familia, también es un muy buen ejemplo de por qué muchos en Honduras habían estado demandando el establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad, como la que terminó provocando la caída del presidente de la vecina Guatemala.

Después de meses de protestas, la creación de una misión de la OEA con ese propósito fue anunciada a fines de septiembre.

Pero su puesta en funcionamiento tomará tiempo.

Y, mientras tanto, la justicia hondureña tendrá una nueva oportunidad para demostrar que está preparada para garantizar justicia cuando de por medio está uno de los apellidos más poderosos del país.

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Embargan bienes de la poderosa familia Rosenthal, acusados en Estados Unidos de narcotráfico

El Ministerio Público (MP Fiscalía) de Honduras realizó el embargo preventivo de 20 sociedades comerciales, bienes muebles e inmuebles, entre ellos el liquidado Banco Continental, de la poderosa familia Rosenthal, acusada en Estados Unidos de lavado de dinero y narcotráfico.

Los bienes “asegurados” (embargo preventivo) pertenecen a Jaime Rosenthal, Yani Rosenthal y Yankel Rosenthal a partir de la acusación por lavado de activos y soborno que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York le imputó a los tres miembros de la familia.

Jaime, líder histórico del grupo, fue vicepresidente de Honduras entre 1986 y 1990; Yani es el, actual jefe del clan, y Yankel, sobrino del primero, fue ministro del actual gobierno hasta junio último.

“En cumplimiento que Honduras hace a la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, donde establece la obligación de los estados partes de propiciar el decomiso del producto del delito, así como el decomiso de bienes en los cuales se haya transformado dicho producto”, señala un comunicado del MP.

A raíz de esta acusación en Nueva York del 7 de octubre, en la que se denuncia los reiterados préstamos del hondureño Banco Continental a la familia mafiosa Rivera Maradiaga alias “Los Cachiros” – los mayores transportistas de drogas del país centroamericano-, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ordenó la semana pasada la liquidación forzosa de esa entidad financiera.

Tras esa liquidación del Banco Continental, de la familia Rosenthal, sus ahorrantes comenzarán a recibir desde hoy sus depósitos menores a 208.860 lempiras (menores a 10.000 dólares), informó el gobierno, que no aclaró que ocurrirá con los de mayor monto.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró que la liquidación del Banco Continental “es un caso aislado y no afectará al sistema financiero nacional”, informó el diario local El Heraldo.

También está en la mira de las autoridades estadounidenses su primo Yani, hijo de Jaime Rosenthal, de 50 años, ministro de la Presidencia de Honduras en 2006 y 2007, bajo el gobierno del presidente Manuel Zelaya antes de su rompimiento con el PL, también congresista hasta el año pasado y varias veces pre candidato a la presidencia de la nación centroamericana.

EE.UU. también presentó cargos contra su tío Jaime, el patriarca del clan, eterno candidato presidencial, dirigente del Partido Liberal, ex vicepresidente de Honduras, ex congresista y fundador del Banco Continental.

Las potenciales ramificaciones de la caída de los Rosenthal van mucho más allá, pues sus intereses incluyen una aseguradora, una cementera, empresas agroexportadoras, urbanizaciones y varios medios de comunicación.

Por eso, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), por medio de un comunicado, manifestó su profunda preocupación ante las repercusiones que podría tener en la plantilla de periodistas, fotógrafos y demás personal administrativo un eventual cierre de Canal 11 y Diario Tiempo, que integran el grupo Rosenthal.

Todas estas empresas están agrupadas en el Grupo Continental, fundado en 1929; es decir, cinco años después de que el padre de Jaime Rosenthal –también llamado Yankel– llegara a Honduras proveniente de Rumania para establecerse en la ciudad de San Pedro Sula.

Y fue precisamente en la capital industrial de Honduras –donde ahora hay un estadio que lleva su nombre– donde este electricista de origen judío empezó a construir la que luego se convertiría en una de las principales fortunas del país.

Por su parte, un grupo de ex diputados y dirigentes del Partido Liberal publicó hoy un comunicado de apoyo a la familia Rosenthal, “nuestros correligionarios y amigos” y reconocen su “trayectoria empresarial y política, quienes desde hace más de 80 años se han constituido en elementos de estabilidad y desarrollo económico, político y social de nuestro país”.

No mencionan, sin embargo, la activa participación del PL y los Rosenthal en el golpe de Estado que dieron al presidente Zelaya en el 2009, cuando fue expulsado militarmente a Costa Rica, lo que desató un largo proceso de resistencia popular al gobierno dictatorial de Roberto Micheletti, también del Partido Liberal, que lo sustituyó.

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Reabren en Honduras debate sobre políticos ligados al narcotráfico

En Honduras se reabrió el debate sobre políticos y empresarios de ese país ligados al narcotráfico, esto luego que una de las familias más poderosas de esa nación fuese señalada como “lavadores de activos” por EE.UU.

En Honduras existen más de 5 partidos políticos, dentro de estos miles de militantes y postulantes a cargos de elección popular, muchos de estos obtienen sus recursos de campaña del crimen organizado; pero la legislación hondureña no tiene herramientas para evitar que esos dineros entre a la arena política.

Esta discusión resurge luego de la detención en los Estados Unidos del empresario Yankel Rosenthal, tras ser señalado como lavador de activos provenientes del narcotráfico. Rosenthal también fue secretario de inversiones del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y uno de sus principales financistas.

En julio del 2014 fue detenido Arnaldo Urbina Soto, alcalde de un pequeño municipio de Honduras tras ser señalado de narcotraficante. Otro impacto a la clase política hondureña fue el arresto de Fabio Lobo Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa; hecho ocurrido en el mes de mayo del presente año. EL hijo del mandatario también fue detenido por el tráfico de drogas.

En esta supuesta lucha contra el narcotráfico Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar en Honduras, sin resultados.

En la opinión del analista Jorge Luis Oviedo, referente a los señalamientos del Gobierno norteamericano a Honduras por lavado de activos y narcotráfico es de hipocresía, ya que según el escritor la nación norteamericana es la que mas promueve el lavado de activos y narcotráfico a nivel mundial.

Un gran sector de la sociedad hondureña exige fuertes reformas electorales para evitar dineros provenientes del lavado de activos en la política de su país.

Fuente Original:  

http://www.miradasalsur.com.ar/2015/10/16/latinoamerica/la-caida-de-los-rosenthal-el-poderoso-clan-hondureno-acusado-de-lavado-de-dinero-y-narcotrafico/