Ago-09-16
por Rosendo Fraga
El aumento de tarifas se ha transformado en un problema político relevante para la Administración Macri. En la primera semana de agosto, una jueza federal de San Martín dispuso suspender el aumento en todo el ámbito nacional. Tras algunas dilaciones, el gobierno optó por recurrir a la Suprema Corte, para que ésta tome una decisión definitiva, ordenando los fallos contradictorios que hay en primera y segunda instancia en distintos lugares del país. Pero el máximo tribunal, buscando mostrar independencia y al mismo tiempo evaluar políticamente el conflicto, se tomará varias semanas para definir su posición, mientras da espacio para que se busque una solución política entre el Ejecutivo y el Legislativo. El gobierno es así consciente de que antes de fin de mes no tendrá definición y que ella incluso puede demorarse hasta setiembre. Esto plantea la necesidad de volver a facturar sin el aumento, dado que en caso contrario las empresas de luz y electricidad de la región metropolitana, al no tener ingresos, tendrán problemas para pagar sus salarios, como ya lo han dicho los gremios del sector. La prolongación del conflicto genera dudas en los inversores acerca de la capacidad del gobierno para avanzar en las reformas necesarias. Al mismo tiempo, el 4 de agosto tuvo lugar un nuevo "ruidazo" denominación que se ha dado a las protestas contra el aumento de tarifas. Tuvo más alcance que la primera, que tuvo lugar el 14 de julio. Se concentraron vecinos y militantes de partidos y organizaciones comunitarias en media docena de lugares de la Ciudad de Buenos Aires, una docena de puntos en el conurbano y en Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires y en ciudades de diez provincias.
El mismo día, tuvo lugar el fracasado intento de detener a Hebe de Bonafini por parte del juez Martínez de Georgi que la investiga por casos de corrupción en su Fundación. Tras dos negativas de ella a presentarse a declarar, desobedeciendo órdenes judiciales, el juez optó por disponer su detención para llevarla a prestar declaración indagatoria y después liberarla. Pero se intentó detenerla cuando participaba en la manifestación semanal de las Madres de Plaza de Mayo y los centenares de militantes que la acompañaron la rodearon impidiendo su detención, mientras que a través de las redes sociales el Kirchnerismo se movilizó hacia el lugar, reuniendo varios miles de personas. Se hicieron presentes figuras conspicuas de esta corriente política, como Zannini, Parrilli, Larroque y Boudou. Cristina públicamente la respaldó, acusando al gobierno de Macri de perseguir por razones políticas, aprovechando para defender su posición, amenazada por diversas denuncias de corrupción y la reapertura de la denuncia de Nisman. El Kirchnerismo, que había perdido capacidad de movilización, encontró en el caso Bonafini un factor de convocatoria. El juez la interrogará ahora en la sede de su fundación y ella lo recibiría, pero negándose a declarar. El hecho plantea la posibilidad que en el futuro, la izquierda y el Kirchnerismo intenten utilizar la misma metodología frente a causas judiciales que los amenacen.
Al día siguiente, fue el plenario de secretarios generales de la CGT unificada, que emitió un documento duro frente al gobierno, pero sin convocar a un paro general que implicaría una ruptura con el gobierno. El acuerdo respecto a la devolución de los 29.000 millones de pesos retenidos por el Kirchnerismo, limita por ahora los alcances de la protesta sindical. Las tres centrales acordaron designar un triunvirato, el que debe ser ratificado por el Congreso de la central obrera que se reunirá el 22 de agosto. Schmid (Dragado y Balizamiento), representa a la central de Moyano en la nueva conducción, Daer (Sanidad) a la de Caló y Acuña (Estaciones de Servicio) a la de Barrionuevo, quien sostiene que el sindicalismo peronista se alineará con Massa. Participaron de este plenario cerca de 150 secretarios generales de gremios. Pero en forma paralela, se reunieron otros 47 alrededor de Venegas (rurales), quien es el dirigente sindical hoy más cercano a Macri, rechazando al triunvirato y amenazando con realizar un congreso paralelo. Es una minoría, pero que puede afectar la imagen de la unidad sindical que se ha logrado. El 9 de agosto, las dos centrales sindicales combativas convergen en un paro estatal nacional, el que tiene lugar cuando los docentes -que la semana pasada estuvieron en huelga en media docena de provincias- reclaman reabrir paritarias, frente al aumento de la inflación. Para el sindicalismo, los salarios han sido superados por la inflación. Sostiene que el 10% de menores ingresos ha tenido una inflación anual del 52% y el 10% de mayores ingresos la ha tenido del 42%, exactamente la inflación de los últimos doce meses. El 80% que esta entre ambos extremos la tuvo del 46%. Una fundación empresaria (FIEL), sostiene que el aumento de la canasta básica que determina el nivel de pobreza, se incrementó más de 47% en el último año.
Finalmente el domingo 7 de agosto, día de San Cayetano "patrón del trabajo", movimientos sociales marcharon desde la Basílica de este nombre en Liniers, hasta la Plaza de Mayo, reclamando por el desempleo. En su homilía, el Arzobispo de Buenos Aires Monseñor Poli pidió por los desempleados, días después que el Papa Francisco hiciera pública su preocupación por la falta de trabajo en la Argentina. Dos días después, un estudio de la UN, daba cuenta que Argentina tiene el desempleo juvenil más alto de América Latina, ubicándose en 19,4%. Participaron de la movilización la Central de Trabajadores de la Economía Precarizada (CTEP), que intenta representar a los que trabajan en la informalidad, cuyos dirigentes tienen buena relación con el Papa; el Movimiento Barrios en Pie, que responde al Movimiento Libres del Sur; la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de origen maoísta y el Movimiento Evita, de extracción kirchnerista. Dirigentes de varias centrales sindicales -peronistas y no-peronistas- apoyaron esta marcha y se sumaron algunos kirchneristas. Frente al desempleo, el gobierno intenta avanzar en el Congreso con proyectos de ley para fomentar el "primer empleo" y ha decidido no prorrogar el acuerdo con las entidades empresarias para suspender despidos durante 90 días, tras el veto de la llamada "ley antidespidos" que fuera sancionada por el Congreso en mayo.
En conclusión: el conflicto por el aumento de tarifas, que generó una nueva protesta en los centros urbanos y que está ahora pendiente de una decisión de la Corte, genera dudas para las demoradas decisiones de inversión; el fracaso de la detención de Hebe de Bonafini que el gobierno respaldó, aunque ella tiene mala imagen en la opinión pública, permitió a la militancia K cierta recuperación en la calle; la unidad sindical peronista se ha dado con un duro documento respecto al gobierno de Macri, pero sin convocar a un paro general, lo que no impedirá conflictos por las paritarias; la marcha de los movimientos sociales pidiendo por el empleo revela el deterioro del mismo en quienes trabajan en la economía informal, que lo sufren más que los formales representados por los sindicatos y todo esto que ha tenido lugar en la primera semana de agosto confirma que el mes registrará un nivel de protesta social más alto, mientras se demora la recuperación de la economía.
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